CONSECUENCIAS NO DESEADAS Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

CONSECUENCIAS NO DESEADAS DE ALGUNOS HECHOS HISTÓRICOS

El 23 F de 1981:

Afortunadamente, Tejero y sus golpistas –fruto de la movilización popular tras la unidad de las fuerzas políticas democráticas, y la rápida reacción del Jefe del Estado don Juan Carlos-, no consiguieron sus objetivos de desestabilización del Estado de Derechos; y como hemos comprobado recientemente, tampoco el totalitarismo etarra ha conseguido ese objetivo. Sin embargo, que pesar de que no entraba entre sus objetivos fundamentales, lograron mermar –viendo nuestra historia reciente ex post- seriamente la calidad de nuestra democracia, precisamente en el momento histórico (la Transición) que más se podría haber aprovechado para su florecimiento.

Esta merma en la calidad de la democracia española, se puede analizar en dos planos: en la representación política del pueblo (la demos) en la soberanía popular (el kratos), tanto en su posibilidad de influir en las decisiones políticas adoptada por los órganos legislativos, en el control judicial sobre el Poder Ejecutivo y las leyes emanadas del Legislativo, y en la representación territorial efectiva en el Senado; y en el desarrollo legislativo mediante Leyes Orgánicas (tal como establece el artículo 81 de la Constitución Española) del Título II (De la Corona). Ambos planos se desarrollarán sintéticamente a continuación, pero cabe decir que a partir de 1981 se fue gestando una casta (clase, en el argot popular) política que, lejos de defender los intereses de sus representados, ha amparado a una oligarquía financiera y del ladrillo; el Poder Judicial ha permitido esta situación al no haberse renovado en profundidad desde la Transición; el “café para todos” ha sustituido la posibilidad de desarrollar el Estado de las Autonomías para llevarlo a un Estado Federal; y don Juan Carlos, con su carisma y buen hacer ante los golpistas del 23 F, ha neutralizado cualquier regulación sobre la Casa Real en temas tan sencillos pero importantes como quién controla las cuentas de la Corona y el pago de sus impuestos, quién elabora los discursos reales, quién administra la Página Web de la Corona, o dónde se regula las funciones representativas y protocolarias del Príncipe de Asturias.

Todas estas cuestiones que hacen a la calidad de nuestra democracia explotan hoy,  debido al agravio comparativo de un Tesorero del Partido Popular trasladando durante años a Suiza 2,43 millones de Euros, frente a los 6 millones de parados –una importante cantidad de ellos cobrando el subsidio de los 400 Euros, agotada la prestación por desempleo, y otra gran cantidad sin siquiera eso-.

Los “escarches” de la PAH:

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), ha decidido manifestar su enfado ante los representantes políticos en el Congreso de los Diputados del PP, mediante la metodología de los “escarches”. La misma, surgió en la Argentina de los 90’ como forma de protesta generada por el Movimiento HIJOS, los hijos de los desaparecidos que no contaron en la Justicia argentina con todo el amparo judicial para sus causas. Entonces, se manifestaban frente a los domicilios, trabajos, restaurantes donde comían o cines donde se divertían los represores de la última dictadura, para denunciarlos ante sus vecinos y la opinión pública en general.

Puede parecer muy drástica la comparación, pero lo cierto es que los afectados por las hipotecas tampoco encuentran todo amparo debido en la Justicia española; y quienes debieran representarlos políticamente, se esmeran en desoír  el mandato de la Justicia europea, desdibujando todo lo posible la Iniciativa Legislativa Popular (ILP, artículo 87.3 de la Constitución); anulando la única alternativa razonable y racional, la dación en pago (utilizada en países en absoluto socialistas como los Estados Unidos); y posibilitando la vigencia de una Ley Hipotecaria de 1909, modificada en el fondo únicamente en 1981 –gobernado NUESTRO Felipe González, el mismo que hizo tanto por construir nuestro Estado del Bienestar-, para regular el mercado hipotecario a los efectos de beneficiar el “pelotazo” de la construcción y las hipotecas.

Algunos cientistas sociales como Manuel Montero (No al acoso, http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2987223655309&set=a.1301091423057.32530.1703595581&type=3&theater), sostienen que los escarches son una forma de coacción. Yo no veo la coacción en esta forma de manifestación de la disconformidad con los y las políticos/as; la veo en los desahucios: una coacción de las fuerzas legítimas del Estado moderno (en términos de Max Weber) a los efectos de privar de una vivienda digna a las personas que –la mayoría de las veces a causa del paro, o de sus míseros ingresos-, tienen que optar entre pagar los créditos hipotecarios o sustentar a sus familias. La palabra “desahucio” es un término médico aplicado a la falta de esperanzas de vida, transmitida por el médico a pacientes moribundos. Y hemos visto demasiados casos de suicidios provocados por los desahucios hipotecarios. Cuando está en juego la vida de las personas, ¿dónde podemos ver la coacción?

Veo a políticos y políticas que han hecho dejación de sus responsabilidades representativas, que no se acercan a las asambleas de la PAH a las que son invitados/as, que no se reúnen con los y las afectados/as, que se niegan a escuchar las causas estructurales de esta problemática social y a pensar en sus soluciones. Y veo, no solamente a grandes dirigentes políticos/as –como la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María que son escrachados/as, sino a Diputados/as que han obtenido desde el anonimato sus poltronas figurando en “boletas sábanas”, y que ahora se ven obligados a ser interpelados por los y las ciudadanos/as. No estaría nada mal que esos “escarchados/as” fueran también interpelados/as por otras decisiones políticas que adoptan, relacionadas con los ajustes en el Estado del Bienestar: Sanidad Pública, Educación, Pensiones, etc. De esta forma, la ciudadanía volvería a verlos como sus representantes. Ésta sería una “consecuencia no deseada”, positiva, de los escarches de la PAH.

Palacio Real en Madrid

Monarquía o República:

Siendo que ninguno de los dos partidos que se disputan el poder en España, han decidido utilizar el Congreso de los Diputados para legislar sobre el Título II de la Constitución –el referido a la Corona-, ahora que la misma se encuentra en sus momentos más bajos, quizás el debate debiera comenzar a plantearse en otros términos. Cuando Juan Carlos es cazado cazando junto a una pseudo-princesa germánica; cuando está en duda la existencia de una herencia que habría recibido y que –lejos de declararla a la Hacienda pública- la habría presuntamente mantenido en Suiza; cuando un nieto del Rey recibe un disparo accidental en el pie de un arma de caza de su padre (separado de la Infanta Elena), un arma que no se encontraba debidamente registrada; cuando la Infanta Cristina es imputada en una causa de corrupción junto a su esposo el Duque de Palma, la Casa del Rey contrata con el dinero público una costosa defensa, y la Fiscalía Anticorrupción –demostrando que no somos todos iguales ante la Ley- recurre el Auto de Imputación; ¿no debiéramos plantearnos la legitimidad o ilegitimidad de esta Monarquía Parlamentaria, bastante poco seria?

Considero que no es el momento de debatir sobre la abdicación del Rey en su hijo, el Príncipe Felipe de Austria. Es el momento de plantearnos la derogación del Título II de la Constitución. Y si nuestro Partido Socialista no tiene la valentía suficiente para plantear ese debate, sumándose a las otras fuerzas de la izquierda que sí lo proponen, escudándose en el argumento de la “responsabilidad institucional”; al menos que plantee con seriedad la regulación mediante Leyes Orgánicas de ese Título II. Sabrá Juan Carlos si es el momento de su abdicación o no, pero ese no debe ser el problema del socialismo, en un país con casi 6 millones de parados y un Estado del Bienestar que defender.

La calidad de nuestra democracia puede estar, al fin, en nuestras manos para mejorar la vida de tantos y tantas españoles/as.